En el año 2005, Nayibe Rojas, más conocida como Sonia una guerrillera de las FARC, fue capturada, trasladada primero a una base naval y luego, tras presiones de organizaciones de Derechos Humanos, fue llevada a la Penitenciaría de Valledupar; una prisión de máxima seguridad construida con la asesoría del Buró Federal de Prisiones de los EEUU en el año 2001. Como era la única mujer en prisión, el gobierno nacional ordenó al INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) desocupar una de las nueve torres de la “tramacua” y ubicar allí a 90 mujeres escogidas caprichosamente de todas las reclusiones del país. La orden fue cumplida. Mujeres de diferentes perfiles, sin importar el tiempo de su condena, fueron sacadas en horas de la madrugada, puestas en furgones, esposadas de manos y pies y en una travesía degradante llegaron finalmente a Valledupar para justificar y minimizar la vindicta del gobierno contra la guerrillera. Sin embargo, Sonia nunca estuvo recluida en la torre. La mantuvieron durante no más de 15 días en el área de recepción, separadas de las demás internas, mientras el gobierno agilizaba la documentación protocolaria para su extradición a los EEUU. Sonia se encuentra actualmente en una prisión gringa y las 90 mujeres utilizadas como cobertura, desde entonces han venido afrontando las condiciones más difíciles e inaceptables, fruto de la improvisación y el abuso de autoridad del INPEC, quien viola tratados internacionales y legislación nacional sin que hasta el momento ningún organismo de control ponga freno tanto abuso; a pesar de que conocen perfectamente desde su comienzo la situación.
La tramacua ha visto a las mujeres recibir sus alimentos en bolsas plásticas, descompuestos, en varias oportunidades servidos a las 8 ó 9 de la noche. Bajar a las 3:00 ó 4:00am a los patios y en plena oscuridad matar a cuanto bicho rastrero aparecía en el suelo o en la oscuridad de los baños.
Las protestas han sido constantes y en grado superlativo también lo han sido los castigos. Debido a las diferentes denuncias y quejas, la situación ha mejorado un poco.
Las mujeres de la tramacua representan sólo 1% de la población carcelaria, sin embargo soportan un régimen disciplinario tan draconiano como el de los hombres, pues el reglamento interno (a pesar de haberlo solicitado en diversas oportunidades), no tiene un capítulo especial para ellas, y como a los hombres no se le autoriza el uso de aretes ni de maquillaje, ellas también lo tiene prohibido.
El cuerpo de custodia y vigilancia tiene la potestad de hacer anotaciones por supuestas faltas disciplinarias que afectan la conducta de las internas y, por consiguiente, sus posibilidades de algún beneficio ante los jueces se disminuyen.
Al igual que los hombres, soportan la mayor parte del día tiradas en el piso, pues los planchones de cemento no son suficientes para todas, tratando de sortear una temperatura inclemente de 37ºC, sin agua la mayor parte del tiempo, buscando hacerle el quite al ocio mientras son las 16 horas y son conducidas a sus celdas.
Al igual que los hombres, sale a las revisiones jurídicas y medicas; igual que los prisioneros extraditados: con esposas, cadenas y candados, que amarran las manos y pasan por la cintura. La gente del común que desconoce la dura realidad dirá que tanta medida de seguridad se justifica porque se trata de mujeres peligrosas y conflictivas, ¡Pero NO!, en la tramacua se encuentran mujeres sindicadas a las que se viola en todos los sentidos el derecho fundamental de presunción de inocencia, mujeres sin antecedentes, rebeldes y pequeñas expendedoras o acusadas por crímenes pasionales. Pocas podrían clasificar para el alto perfil que debiera exigirse en una prisión con tantas y [tan] penosas restricciones.
Las mujeres no sólo pierden su libertad sino también la posibilidad de ver a sus hijos, familiares y amigos, alejadas de sus lugares de origen; a veces tienen la fortuna de una visita de 4 horas, pero los visitantes no pueden ingresar nada, tras largas filas bajo un sol inclemente, solo pueden compartir con los prisioneros algunos productos “chatarra”, que las internas compran previamente en el expendio.
La vida sexual y de intercambio con los internos hombres es controlada con una serie de requisitos y prohibiciones decimonónicas propias de un monasterio, bajo la consigna de que no se permite “mixtura entre los internos”.
La guardia femenina (principalmente) se ensaña con las internas en forma desmedida buscando previo a la calificación de conducta por parte del consejo de disciplina, hacer anotaciones y pasar informes con el fin de bajarles la conducta.
En la penitenciaría las internas son objetos de todo tipo de medidas represivas que van desde el castigo indiscriminado hasta el maltrato físico como medida de coerción, desde la sanción por la tenencia de un espejo o un cortaúñas hasta la sanción por reclamar a la guardia justamente algunos de sus derechos. Medidas absurdos que no buscan más que convertir en faltas las situaciones más cotidianas y normales.
La violación al debido proceso en las investigaciones disciplinarias es de común ocurrencia, igualmente el extravió de documentos en la oficina jurídica.
Cuando las mujeres reclaman por su condición de género, el INPEC argumenta la consabida fórmula de “igualdad ante la ley”, sin embargo la discriminación positiva encaminada a proteger los derechos de las mujeres, contemplada en tratados internacionales, no es tenida en cuenta. Por su condición de minoría en todos los aspectos deben someterse a los gustos y preferencias de los internos hombres, cuando de tomar decisiones que involucran al conjunto de internos se trata.
Las mujeres reclamamos:
Los medios de comunicación, voceros del gobierno, sólo visibilizan las prisiones en caso de motines o fugas. La “opinión pública” una vez [que] se captura un presunto delincuente, respira tranquilo bajo una supuesta seguridad. De allí el invento de los “falsos positivos” en asuntos militares y jurídicos para calmar la presión ante la exigencia de resultados. Lo que pasa al interior de las prisiones es minimizado, total, es un país donde la pobreza, el desempleo, la parapolítica y la corrupción están al orden del día; la condición de un sector de la población como los prisioneros no desvela a la “opinión pública”.
Lo más preocupante es que el circulo Dantesco de la “Tramacua” (experimento piloto en Colombia) va a repetirse. La política penitenciaria del INPEC apunta a eliminar las reclusiones [de mujeres] del país y a cambio de ellas, construir torres aledañas a las de los hombres al igual que en Valledupar. Y con las mínimas condiciones. Y en este gobierno donde no solo la oposición es amenazada, sino que con la política de “sapos” cualquier ciudadano puede ser inculpado y llegar a lugares como este. El asunto entonces ya toca a todos.
Llamamos a la comunidad internacional, ONGs de Derechos Humanos y de mujeres para visibilizar las condiciones de las mujeres privadas de la libertad y ejercer una veeduría o seguimiento a las mismas.
_______________________________________________________________________
El 9 de noviembre de 2008, funcionarios de Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en conjunto con la fiscalía 48 de Bogotá, detuvieron en diferentes lugares de Puerto Leguizano y la Tagua en el departamento del Putumayo a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. Como es ya costumbre, se les acusa de "rebelión" después de que varias personas desconocidas para todos ellos, los señalaran de ser "auxiliadores de la guerrilla".
Siendo las 2:30 de la tarde, agentes del DAS y de la fiscalía 48, con orden de captura en mano, detienen a Evelyn: "yo pregunté qué era lo que pasaba y me dijeron que tenia una orden de captura por rebelión; yo dije ¿y por qué? No me respondieron. Solo me dijeron que buscara ropa para el viaje a Bogotá…”
Evelyn es una reconocida comerciante de combustibles en la región. Ella compra combustibles a reconocidas empresas y entidades en Puerto Leguizano tales como Terpel, Selva Motor, Alger (proveedores) y los vende al Banco Agrario, Instituto Sinchi, Corpoamazonia, Cooperativas del transporte fluvial, Orucapu y hasta a la misma Agencia Logística Naval del Sur (militares). Por eso ella no entiende por qué fue privada de su libertad.
Una vez capturadas las cuatro personas fueron llevadas a un buque de la Armada Naval del Sur anclado sobre el río Putumayo. Allí tuvieron que pernoctar.
Al tener conocimiento de su detención, el procurador regional fue a entrevistarse con Evelyn y los otros tres pobladores detenidos con ella y con quienes en adelante debería compartir el mismo proceso por "rebelión". La petición de los cuatro fueron trasladados o bien a la estación de policía o a la cárcel del lugar. Ninguno de ellos entendía porque los mantenían detenidos dentro de un buque de la armada. El procurador transmitió su petición a uno de los agentes del DAS, pero este negó sin dar explicación. Entonces el procurador le dijo que presentaría una queja formal a sus superiores alo que el agente del DAS respondió "haga lo que quiera".
Mientras permanecieron Evelyn y los demás detenidos con ella en el buque, agentes del DAS y de la Armada les tomaron varias fotografías.
El 10 de noviembre a las 7:30 am, los cuatro detenidos fueron trasladados del buque de la armada al aeropuerto del Puerto Leguizamo "…en medio de un operativo militar aterrador, con tanquetas, carros militares y mucha tropa del ejercito. Hasta esposas nos pusieron, como si fuéramos en realidad unas personas criminales y peligrosas para la humanidad". De ahí fueron llevados a Bogotá "… llegamos al aeropuerto militar de CATAM y de ahí nos llevaron al DAS de Paloquemado. La audiencia fue el 13 de noviembre a las 2:30 de la tarde y, ¡Oh sorpresa!, hay un poco de gente que nos acusa y nosotros no los conocemos".
"La comida que nos daban en el DAS era mala y fría como un hielo, y tampoco nos dejaron comprar nada hasta el Domingo que fue la visita de nuestros familiares".
De las instalaciones del DAS fueron trasladados los dos hombres a la cárcel de la Picota y Evelyn y la otra mujer, a la Reclusión Nacional de Mujeres "Buen Pastor". "…y hasta la fecha en la que estamos esperando nuestra libertad, ya que nosotras somos mujeres cabeza de familia y nuestros hijos están sufriendo…" Evelyn es madre de cuatro hijos de 6, 8, 13 y 17 años.
Sobre su vivencia, aunque reciente en la cárcel, Evelyn dice: "…yo pido que me den mi libertad porque el encierro me está matando y yo en mi vida he hecho algo que pueda dañar mi imagen… lo que he vivido en la cárcel es duro e injusto y es cruel vivir sin los seres queridos…"
Es una mujer del pueblo, humilde, trabajadora, madre cabeza de familia, que por cuenta de la política de "Seguridad Democrática" y su red de informantes ha sido injustamente detenidos, sometida al escarnio publico, alejada de su familia, de sus hijos y encarcelada quien sabe por cuanto tiempo mas… Ojalá se haga justicia y la dejen volver a su hogar, junto a sus hijos que tanto la necesitan.
*Testimonio recogido por Liliany Obando, Prisionera Política
Reclusión Nacional de Mujeres
Bogota, Febrero 15 de 2009.