Andrés Gil y Miguel Ángel González Huepa

ANDRES GIL Y MIGUEL ANGEL GONZALEZ HUEPA

Dirigentes de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y Beneficiarios de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Prisioneros Políticos desde el 27 de Septiembre de 2007 y 19 de Enero de 2008

Recluidos en La Penitenciaria de Máxima Seguridad de Palogordo (Santander)

La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) es una organización social no gubernamental campesina, que desarrolla un trabajo comunitario, político y social en 8 municipios del Magdalena Medio colombiano, compuesta por alrededor de 120 Juntas de Acción Comunal veredales.

La ACVC en sus 13 años de existencia, ha sido estigmatizada, perseguida y agredida por el estado colombiano y paramilitares de la región, teniendo que padecer expropiación violenta de tierras, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, exilios, entre otras; en consecuencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado Medidas Cautelares a los miembros de esa organización.

Desde hace mas de 6 años, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalia General de la Nación adelanta una investigación penal en la cual ha venido vinculando gradualmente a la dirigencia de la ACVC, ordenando la captura contra 18 de sus miembros, siendo detenidos, en septiembre del 2007, ANDRÉS GIL, Evaristo Mena, Óscar Duque y Mario Martínez, y el 19 de enero de 2008, MIGUEL GONZÁLEZ HUEPA y Ramiro Ortega, sindicados de ser colaboradores del bloque Magdalena Medio de la guerrilla de las FARC-EP.

En abril y mayo del año 2008, la Fiscalía cerró definitivamente la investigación por falta de pruebas y ordenó la libertad de 4 miembros de la ACVC, maneniendo la orden de detención contra ANDRES GIL Y MIGUEL ANGEL GONZALEZ HUEPA, quienes están recluidos en La Penitenciaria de Máxima Seguridad de Palogordo junto con reclusos procesados por paramilitarismo y delincuencia común, violando la exigencia de ley de separación por de delitos y la garantía de protección del derecho a la vida de los prisioneros políticos pertenecientes a una organización campesina que ha sido agredida por los paramilitares.

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de juicio y se han vencido los términos del proceso por lo que los detenidos son beneficiarios de libertad, pero los Juzgados 1º y 2º Penal del Circuito Especializado de Barrancabermeja han negado de manera arbitraria las solicitudes de libertad  presentadas por los abogados defensores.

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